Opinión

En primer lugar, vale decir que lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 2, implica una aberración desde el punto de vista técnico-jurídico y no ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno. La condena a 6 años de prisión parece disimular el verdadero objetivo: la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Esta proscripción a Cristina Fernández de Kirchner es una afrenta a la democracia y condiciona a todos y todas los que queremos construir una nación con igualdad y justicia social, y consolida a los sectores del poder económico que solo buscan su propio beneficio despreciando el bien común.

Es un verdadero avasallamiento que un tribunal federal no elegido por el pueblo, conformado por quienes gozan del privilegio de pertenecer a la “familia judicial”, que revisten cargos vitalicios y se eximen de pagar impuestos, se reserve la facultad de decidir sin pruebas y en un proceso claramente irregular, sobre la referente popular más importante de los últimos tiempos, que ha revalidado reiteradamente sus cargos políticos con enorme acompañamiento en las urnas.

En los últimos días fuimos testigos de la nauseabunda relación entre integrantes de esta casta judicial con empresarios y políticos. En particular, quedó expuesto el accionar de una verdadera asociación ilícita. Jueces, fiscales y agentes de inteligencia coordinados por los designios del Grupo Clarín en la comisión de una infinidad de ilícitos, dando cuenta de la existencia de lo que lisa y llanamente se define en una verdadera mafia.

Estamos frente a una dictadura judicial que responde a intereses económicos. Un estado paralelo que condena al país a vivir en la oscuridad y la desesperanza.

Quienes creemos en la democracia tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos para detener a estos sectores antidemocráticos que buscan quebrantar la paz social.

El futuro de la Patria está en nuestras manos.